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Estaba leyendo materiales y libros en abundancia para cumplir mi promesa de continuar la Reflexión del 14 de abril sobre la Batalla de Girón, cuando eché una ojeada a las noticias frescas de ayer, que son abundantes como todos los días. Se pueden acumular montañas en cualquier semana, que van desde el terremoto en Japón, al triunfo de Ollanta Humala sobre Keiko, hija de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú.
Perú es gran exportador de plata, cobre, zinc, estaño y otros minerales; posee grandes yacimientos de uranio que poderosas transnacionales aspiran a explotar. Del uranio enriquecido salen las más terribles armas que conoció la humanidad, y el combustible de las centrales electronucleares que, pese a las advertencias de los ecologistas, se estaban construyendo a ritmo acelerado en Estados Unidos, Europa y Japón.
No sería justo, desde luego, culpar a Perú de esto. Los peruanos no crearon el colonialismo, el capitalismo y el imperialismo. Tampoco se puede culpar al pueblo de Estados Unidos, que es también víctima del sistema que ha engendrado allí a los políticos más atolondrados que ha conocido el planeta.
El pasado 8 de abril los amos del mundo dieron a la luz su acostumbrado informe anual sobre las violaciones de los “derechos humanos”, que motivó un agudo análisis en el sitio web Rebelión, suscrito por el cubano Manuel E. Yepe, basado en la respuesta del Consejo de Estado de China, enumerando hechos que demuestran la desastrosa situación de tales derechos en Estados Unidos.
“…Estados Unidos es el país donde más se agreden los derechos humanos, tanto en su propio país como en todo el mundo, y es una de las naciones que menos garantiza la vida, la propiedad y la seguridad personal de sus habitantes.
“Cada año, una de cada 5 personas es víctima de un crimen, la tasa más alta del planeta. Según cifras oficiales, las personas mayores de 12 años sufrieron 4,3 millones de actos violentos.
“La delincuencia creció alarmantemente en las cuatro mayores ciudades del país (Filadelfia, Chicago, Los Angeles y Nueva York) y se registraron notables incrementos respecto al año previo en otras grandes urbes (San Luis y Detroit).
“El Tribunal Supremo dictaminó que la posesión de armas para la defensa personal es un derecho constitucional que no puede ser ignorado por los gobiernos estaduales. Noventa de los 300 millones de habitantes del país poseen 200 millones de armas de fuego.
“En el país se registraron 12.000 homicidios causados por armas de fuego, mientras que el 47 por ciento de los robos se cometieron igualmente con uso de armas de fuego.
“A la sombra de la sección de “actividades terroristas” del Acta Patriótica, la tortura y la extrema violencia para obtener confesiones de sospechosos son prácticas comunes. Las condenas injustas se evidencian en las 266 personas, 17 de ellas ya en el corredor de la muerte, que han sido absueltas gracias a pruebas de ADN.
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